5 de Julio de 2018
Fuente: lne.es
La Junta General del Principado aprobó el pasado 22 de Junio, por unanimidad, el proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida. Una norma que ha sido denominada de manera más coloquial como "ley de muerte digna" y cuyas aportaciones principales son dos: ampliar los derechos de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el tramo final de su vida; y dotar de seguridad jurídica a los profesionales sanitarios involucrados en la atención a las personas en esta tesitura.
En virtud de esta norma, los usuarios del sistema sanitario tendrán la potestad de rechazar tratamientos que juzguen inútiles y de recibir cuidados paliativos. La norma establece, asimismo, que los pacientes en fase terminal tendrán derecho a una habitación individual.
La norma no entra en la eutanasia o el suicidio asistido por tratarse de prácticas cuya regulación compete al ámbito estatal.
El dictamen aprobado esta mañana había llegado a la Junta tras ser consensuado por la totalidad de los grupos parlamentarios.
El Consejero calificó la norma como "garantista" y destacó que "amplía los derechos de las personas en uno de los momentos de máxima vulnerabilidad". La norma permite, destacó Del Busto, "rechazar un tratamiento aun a sabiendas de que pone en riesgo su vida", y precisó que Asturias era una de las pocas comunidades autónomas que carecía de una ley sobre esta materia. El titular de Sanidad destacó dos principios rectores de la norma: poner de manifiesto "la dignidad de la persona como un valor intrínseco"; y "ofrecer seguridad jurídica a los profesionales sanitarios".
En su artículo 9, el texto establece que "toda persona que se encuentre en el proceso del final de la vida o que afronte decisiones relacionadas con dicho proceso tiene derecho a la toma de decisiones relacionadas con las intervenciones sanitarias que le afecten".
En el artículo 13, se indica que "toda persona que padezca una enfermedad grave, irreversible y de pronóstico mortal, que se encuentre en situación terminal o de agonía, tiene derecho al alivio del sufrimiento mediante cuidados paliativos".
Entre otras medidas, la norma estipula la creación del Observatorio de la Muerte Digna "como herramienta que ha de servir para evaluar la calidad de la muerte en el Principado de Asturias y cuyas funciones y composición se desarrollarán reglamentariamente".